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Ayuda Humanitaria


La situación de los refugiados sirios y la respuesta de Argentina


Mientras el conflicto de Siria sigue generando un incremento del número de refugiados y desplazados, la comunidad internacional evalúa las formas de dar respuesta. El llamamiento de ACNUR para la asistencia humanitaria y el compromiso de Argentina de recibir 3.000 refugiados exigen la participación de las ONGs.

        De acuerdo con  datos de ACNUR, desde el comienzo del conflicto en marzo de 2011 hasta principios del mes de julio de 2016, el número total de sirios obligados a desplazarse por fuera de las fronteras nacionales es de 4.819.828[1]. Debe tenerse en cuenta que esta cifra podría ser aún más elevada, ya que no todos los sirios que han huido de su país son registrados por ACNUR en el momento se su llegada. A su vez, el organismo de Naciones Unidas estima en alrededor de 6,6 millones el total de desplazados al interior de las fronteras de la República Árabe Siria.
Turquía es el mayor receptor con 2.733.044 refugiados hasta julio, seguida por Líbano con 1.033.513 personas, Jordania con 657.433 refugiados e Irak, que recibió 243.395 personas. Otro de los principales receptores es Egipto, que registra al mes de julio un total de 117.168 refugiados provenientes de Siria. El agotamiento de los recursos personales y al deterioro de las condiciones de vida en los países de acogida ha generado que muchos refugiados sirios se vieran obligados a desplazarse aún más lejos, sobre todo a Europa.
Ante esta situación, ACNUR hizo un llamado a la comunidad internacional para el reparto más equitativo de las responsabilidades por los refugiados sirios. A esto se debió la Reunión de Alto Nivel sobre vías de Admisión de Refugiados Sirios del 30 de marzo del corriente año en Ginebra. Se trató de una de las múltiples iniciativas del año 2016 que tienen como objetivo dar una respuesta exhaustiva de la situación siria. También se planteó como contribución con un proceso más amplio para abordar movimientos de refugiados y migrantes a gran escala, que fue anunciado por el Secretario General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 2015 en un discurso ante la Asamblea General.
De acuerdo a la información transmitida por ACNUR, la Reunión del 30 de marzo tuvo por objetivo explorar los mecanismos para la admisión de refugiados sirios que podrán ser adoptados por los Estados para aliviar la presión sobre los países que actualmente están acogiendo a un gran número de exiliados. Estos mecanismos pueden incluir el reasentamiento, que constituye una herramienta de protección importante dirigida a las personas más vulnerables, así como otras vías, como la admisión o los traslados por motivos humanitarios, la reunificación familiar, los proyectos de movilidad laboral y las becas académicas.
ACNUR estima que al menos el 10% de los 4,8 millones de refugiados que se encuentran en los países vecinos de Siria necesitarán ser reasentados o beneficiarse de otro tipo de ayuda humanitaria para su traslado a otros lugares en condiciones de seguridad antes de finales de 2018. En el encuentro también se contemplaron medidas complementarias al reasentamiento y la admisión humanitaria, como visas humanitarias, patrocinios privados, reunificación familiar, becas, evacuación médica y programas de movilidad laboral, las cuales se podrán implementar incluso a través de la participación del sector privado.
La delegación argentina fue encabezada por el Vicecanciller Carlos Foradori, acompañado por el Director Nacional de Migraciones Horacio García. A su vez, se presentó un mensaje de la Ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, en el cual la Canciller sostuvo que “El respeto de los derechos humanos de los migrantes y los refugiados es prioritario para la República Argentina y una política de Estado que se refleja en todo nuestro cuerpo legal”.
En este sentido, Malcorra destacó que “La Argentina ha decidido ampliar el Programa Siria y seguir recibiendo refugiados que ingresen espontáneamente en nuestro país y estén interesados en establecerse” y “Adicionalmente el país está evaluando una propuesta integral para poner en marcha un proyecto de reasentamiento de refugiados sirios en la Argentina.” Según las palabras de la ministra “Para ello estamos conversando con socios, distintos países del mundo, porque vamos a necesitar el apoyo logístico y financiero para llevarlo adelante.”
El 17 de mayo, la Ministra de Relaciones Exteriores visitó un campo de refugiados en Líbano, con el fin de instrumentar la misión humanitaria de la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería Argentina. El subdirector Nacional de Migraciones, Julián Curi, junto al director de Asuntos Internacionales y Sociales, Federico Agusti, quien es a la vez el titular de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), participaron de la comitiva, según se informó oficialmente a fin de evaluar qué grupo de familias podrían alojarse en Argentina.
En este sentido, la República Argentina viene implementando desde octubre de 2014 el Programa Siria, que tiene por objetivo agilizar el procedimiento de obtención de visado de los migrantes provenientes de Siria y acompañar en conjunto desde el Estado, instituciones de la sociedad civil y familias receptoras, la integración de los migrantes sirios a la sociedad argentina. Los resultados del programa hasta el momento son limitados, desde su inicio se estima el ingreso de entre 200 y 250 ciudadanos Sirios, aproximadamente, ya que no se cuenta con datos oficiales publicados.
Ante esta situación, el gobierno argentino ha anunciado recientemente el compromiso de dar asilo a 3.000 refugiados sirios, en principio, cifra que podría incrementarse en una etapa posterior. Con el fin de avanzar en la implementación de esta iniciativa, el pasado 15 de julio se definió el envío de un equipo de expertos al Líbano para realizar una selección y evaluación de aquellas personas que huyeron de la guerra y se encentren en condiciones de ser trasladadas al país.
Esta mesa de evaluación y selección, conformada por referentes de la Dirección de Migraciones, el Ministerio de Seguridad, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el ACNUR, el Ministerio de Trabajo y de Salud y la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), se propone analizar donde serán recibidos quienes lleguen al país y de qué manera se realizará el traslado, así como asegurar que aquellos que vayan a ingresar no tengan antecedentes vinculados al terrorismo. Ante la complejidad de las acciones planteadas, se recibirá apoyo logístico y financiamiento de la Unión Europea y los Estados Unidos.
Las etapas subsiguientes contemplan la organización de los asentamientos en el país, a través de familias receptoras y la participación de ONGs y comunidades religiosas musulmanes y católicas, que facilitarán el acceso a la vivienda, el trabajo, la salud y la educación. Desde la Fundación Ciudadanos del Mundo entendemos que la participación de la sociedad civil resulta fundamental para asegurar un asentamiento seguro y acorde a los principios internacionales de los derechos humanos de quienes ingresen como refugiados. Por tal motivo manifestamos nuestro apoyo a la iniciativa y ponemos a disposición de la misma nuestros equipos técnicos y recursos organizacionales a fin de aportar desde nuestro lugar a la concreción de las acciones planteadas.




[1] http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

Reforma Migratoria en los Estados Unidos

Por Jeannette Huezo-Rosales*




En las últimas elecciones presidenciales, uno de los temas cruciales entre Barack Obama y Mitt Romney fue el de la inmigración. En los Estados Unidos se encuentran más de 11 millones inmigrantes indocumentados; en los últimos años, la preocupación sobre la seguridad de la frontera ha crecido porque hay mucha gente viviendo en el país sin documentación apropiada. En su primer término como Presidente, el señor Obama aumentó las patrullas-fronteriza drásticamente en la frontera Mexicana, que dio lugar a la captura y deportación de inmigrantes indocumentados.
Una de las reformas migratorias más significativas en los últimos años en los Estados Unidos ha sido el “DREAM Act”. El DREAM (Desarrollo, Alivio, y Educación para Menores Extranjeros) Act era un proyecto de ley que daría residencia permanente a inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos siendo menores y se han graduado de una escuela secundaria en el país. Esta ley estaba dirigida para ayudar a los inmigrantes jóvenes que han hecho una contribución positiva aunque no tengan documentos legales. En el 2010, el proyecto de ley fue tomada en consideración por el Congreso pero no pasó por el Senado después de que fue aprobado por la Cámara de los Representantes. Unos años después, en el 2012, una orden ejecutiva por el Presidente Obama detuvo la deportación de inmigrantes jóvenes indocumentados y ejecutó el Programa Acción Diferida para Llegadas Infantiles, DACA por sus siglas en inglés.
Bajo este programa, que entró en vigor el 15 de Agosto del 2012, son elegibles los inmigrantes dentro de las edades de 15-31 quienes vinieron a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad y han vivido continuamente en el país por cinco años antes del inicio del programa. Ellos también deben estar libres de condenas y cargos penales, inscriptos en una escuela o que hayan completado la educación secundaria o haber prestado servicio militar. Otro requisito es que tienen que comprobar que han vivido en el país continuamente, lo cual puede ser demostrado con recibos de impuestos, registro de vacunación, registros bancarios, y registros de confirmaciones religiosas. Bajo este programa, ellos tendrán estado de protección que se puede renovar cada dos años, pero no les dará un estado legal automáticamente. Con este programa, se estima que 1.4 millones de inmigrantes están en condiciones de obtener el estado de protección.
Entre los millones de inmigrantes viviendo en los Estados Unidos, un porcentaje significativo se compone por la comunidad latina. En las últimas elecciones, datos de las encuestas demostraron que los latinos tuvieron un papel esencial en la elección. Resultados mostraron que un 71% de latinos votaron por Obama, mientras que sólo un 27% lo hizo por Mitt Romney. Junto con la influencia que los Latinos tuvieron en las elecciones, una de las problemáticas que quieren que sea discutida es una reforma migratoria. Aparte de la comunidad Latina, mucha gente en el país cree que es necesario arreglar el sistema migratorio. Después de que Obama ganó la elección, el presidente dejó claro que la reforma migratoria será su prioridad en su segundo término.
En su discurso sobre el Estado de la Unión, el Presidente Obama dijo, “la reforma verdadera significa establecer una vía responsable para ganar la ciudadanía- una vía que incluye una verificación de antecedentes, pagar impuestos y una multa significativa, aprender Inglés, e ir al final de la fila detrás de las personas que intentan venir aquí legalmente.” Pasó a añadir, “la reforma verdadera significa arreglar el sistema de inmigración legal para reducir tiempos de espera y atraer a los empresarios altamente calificados e ingenieros que ayudarán a crear empleos y hacer crecer nuestra economía.” Desde el Estado de la Unión del Presidente, el Congreso se ha reunido para elaborar un proyecto de reforma que podría ser firmado por Obama. En esta reunión, los Republicanos dejaron claro que lo que hay que cumplir primero es la seguridad fronteriza. Por otra parte, los Demócratas dijeron que el establecimiento de una forma clara a la ciudadanía es uno de los principales objetivos para incluir en el proyecto de ley.
Aparte del Congreso y el Comité Judicial del Senado, un grupo de 8 Senadores bipartidista se formó el mes pasado y se han reunido con el fin de desarrollar un proyecto de ley que logra un camino a la ciudadanía, mientras que todavía contiene suficiente seguridad en las fronteras y medidas de ejecución para obtener el apoyo conservador. El mes pasado, introdujeron un plan bajo el cual los inmigrantes indocumentados se registren con el gobierno, pasar una verificación de antecedentes, pagar multas e impuestos, y completar otras medidas para conseguir un estado de prueba para vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Después, ellos estarán al final de la fila para conseguir su “Green Card” (residencia permanente). Además, el plan incluye excepciones para los que entraron cuando eran menores y trabajadores agrícolas que mantienen el suministro de alimentos del país. Aunque este plan no ha sido propuesto formalmente, es una estructura que algunas personas quisiera verla hecho en un proyecto de ley formal.
Aunque el grupo bipartidista se han reunido para formar un proyecto de ley, ellos podrán votar en cualquier legislación que el Comité Judicial del Senado pueda crear en los próximos meses. Sin embargo, si ellos no pueden actuar sobre un proyecto de ley de reforma migratoria, el Presidente Obama está dispuesto a redactar su propio plan de legislación. Es claro que la situación migratoria es uno de los temas más importantes en los Estados Unidos, será muy interesante en ver el plan de reforma que será presentado en los próximos meses. Aunque ambos lados tengan perspectivas diferentes sobre cuál debería ser el enfoque, es evidente que todos reconocen que un cambio es necesario para mejorar el sistema de migración en los Estados Unidos.

*Voluntaria de Fundación Ciudadanos del Mundo
Estudiante en Northeastern University (Boston, MA)
4° Año, estudiando Criminología y Relaciones Internacionales


Proyectos de Ley sobre el reconocimiento de los derechos políticos de los extranjeros residentes en territorio argentino. Análisis comparado.


Por Sofía Salvo

Proyecto 2119-D-2009
El entonces Diputado Nacional por la provincia de Neuquén, Hugo N. Prieto, presentó ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en 2009, un Proyecto de Ley cuyo propósito era posibilitar, legislación mediante, la participación política de los extranjeros residentes en el territorio argentino.
Con tal propósito, propuso modificar el Artículo N° 1 de la Ley 19.945 “Código Electoral Nacional” y el Artículo N° 1 de la Ley 23.298 “Orgánica de los Partidos Políticos”.

El Artículo primero del Código Electoral Nacional quedaría redactado del siguiente modo:
"Artículo 1.- Electores. Son electores los ciudadanos de uno u otro sexo, por opción y naturalizados, y los extranjeros con una residencia mayor a dos años en el territorio nacional, desde los dieciocho años cumplidos de edad, que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta ley."
En tanto que el Artículo primero de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos quedaría redactado de la siguiente manera:
"Artículo 1.- Se garantiza a los residentes en el territorio argentino el derecho de asociación política para agruparse en partidos políticos democráticos.

De este modo, el Diputado procuraba obtener la aprobación de dos hechos puntuales. Por un lado, lograr que los inmigrantes con residencia mayor a dos años en territorio nacional pudieran sufragar en elecciones nacionales y, por otro lado, garantizarles a los mismos el derecho de asociación política con vistas a la formación de partidos políticos que nucleen y representen sus intereses. El Proyecto estuvo a poco de ser incorporado en la ley de Reforma Política presentada en el recinto, debatida y aprobada a fines de 2009, pero no lo logró.

Proyecto 2696-D-2012

El Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, ha propuesto recientemente ante la Honorable Cámara de Senadores de la Nación un Proyecto de Ley que versa sobre la misma temática del proyecto presentado por Prieto, pero con diferentes consideraciones.
El Senador propone modificar también la Ley N°19.945 “Código Electoral Nacional”, incorporando entre los electores nacionales a los extranjeros con residencia permanente en los términos de la Ley N°25.871 “Migraciones”, a partir de los 24 meses de obtenida tal calidad.
Citando al proyecto en cuestión, el Senador plantea las siguientes modificaciones:

Artículo 2: Incorpórese al artículo 12° de la Ley N° 19.945, como inciso a bis) Los extranjeros incorporados al Registro Nacional de Electores;”
“Artículo 3: Modificase el tercer párrafo del Artículo 17 de la Ley N° 19.945 que quedará redactado de la siguiente manera:
El Registro Nacional de las Personas deberá remitir al Registro Nacional de Electores, en forma electrónica los datos que correspondan a los electores y futuros electores, incluidos los extranjeros que obtengan la residencia permanente, consignando en este último caso la fecha de obtención de tal calidad. Sin prejuicio de ello debe remitir periódicamente las constancias documentales que acrediten cada asiento informático, las que quedarán en custodia en forma única y centralizada, en la Cámara Nacional Electoral.”
Artículo 4: Incorpórese el inciso f) al artículo 17 bis de la Ley N°19.945, que quedará redactado de la siguiente manera:
f) Excluir a los extranjeros que pierdan su condición de residentes permanentes.
Artículo 5: Incorpórese el artículo 15 bis a la Ley N° 25.871 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15bis: los extranjeros admitidos en el país como residentes permanentes gozarán de plenos derechos políticos a partir de los veinticuatro (24) meses de obtenida tal condición.
El artículo primero no ha sido citado puesto que no trata específicamente de la cuestión aquí abordada.

Como ha podido observarse, si bien tanto uno como otro proyecto versan sobre la misma temática, las propuestas incluidas por los legisladores en cada caso, son sutilmente diferentes pero, a la vez, perfectamente complementarias.

Fernández especifica, a diferencia de Prieto, la inclusión de los extranjeros en el Registro Nacional de Electores y la exclusión de los mismos del Registro en tanto pierdan éstos su condición de residentes permanentes. En el proyecto se hace hincapié en que los extranjeros podrán  gozar de plenos derechos políticos a los veinticuatro meses de haber obtenido la condición de permanentes, coincidiendo así con lo propuesto por Prieto.
Fernández no propone puntualmente, aunque pueda deducirse de manera implícita al reconocer el otorgamiento de plenos derechos políticos, la posibilidad y la garantía a los residentes del derecho de asociación política, como si lo detalla Prieto.

Sin lugar a dudas, el derecho al voto de los extranjeros en elecciones y su participación política en el ámbito público, son requisitos esenciales para su efectiva integración social. Citando parte de la fundamentación de ambos proyectos, coincidimos en que se considera que el sistema democrático es aquel que mejor sintetiza las preferencias de los votantes y en el cual las decisiones públicas se adoptan a partir de la acumulación de dichas preferencias. Ergo, privar a los extranjeros del derecho a voto, implica excluir determinadas preferencias en el proceso de elaboración de políticas públicas.

El costo de ser inmigrante

Por Gerardo Halpern *

Pareciera que hasta el último de sus días y hasta en la más mínima práctica, el inmigrante deberá pagar una deuda que vaya uno a saber quién estableció que la tiene. En realidad, es posible determinar quién (o quiénes, en realidad) ha montado esta idea de deuda de la que el inmigrante es un portador que pareciera no poder saldarla nunca. Uno de los problemas está en que ese “quién” no es una persona –por más que haya personas que lo encarnen–, sino una multiplicidad de instituciones que atraviesan las formas en que se piensa o se administra a la inmigración. Y ojo, no se trata solamente de la mirada o la clasificación de un no migrante, sino también la mirada que se hace cuerpo en la visión de los mismos inmigrantes. Estos, al igual que lo piensa el poder, sienten que son portadores de una deuda. Y están convencidos de que la tienen que pagar. Pagar significa, en este plano, soportar un conjunto de situaciones que, en el caso de ocurrirle a cualquier hijo de vecino –no inmigrante, por cierto– indignaría a cualquiera. Pero como se trata de inmigrantes, pareciera que no está mal que así suceda.

El domingo último, los 89.953 bolivianos radicados en la Argentina que lograron sortear la enorme cantidad de obstáculos que les puso la Corte Nacional Electoral de Bolivia –contraria a Evo Morales, vale aclarar– (y que fueron denunciadas por diferentes organizaciones) tuvieron la posibilidad de ejercer, por primera vez en la historia de Bolivia, su derecho cívico en las elecciones nacionales del país que los vio nacer.

Se trata de un derecho que es motivo de discusiones en diversos lugares de América latina y que se ha constituido en motor de encuentros, polémicas, textos, libros, etc. alrededor, no sólo de esta región, sino también de otros tantos lugares del mundo donde el derecho al voto fuera del país de origen es parte de la agenda política. Agenda en la que los migrantes han irrumpido con la fuerza y convicción de que se trata de un derecho que expresa, entre tantas cuestiones, el reconocimiento por parte del país del cual han tenido que irse por múltiples causas.

Evidentemente, el reclamo de los mexicanos en Estados Unidos es el más influyente en esta materia, entre otras cosas, por la masividad y por el poder relativo de los migrantes mexicanos y sus organizaciones. Este derecho es un “parteaguas” entre politólogos mexicanos y ha merecido amplios debates que aún no logran completar o consensuar una decisión.

Mucho más acá, hace pocas semanas el electorado uruguayo votó en contra de que los que viven fuera de la República Oriental del Uruguay puedan ejercer su derecho al voto. Dicha decisión –sostenida a partir de un plebiscito– fue una derrota política y simbólica muy fuerte para las organizaciones de inmigrantes, quienes reclaman que se les reconozca una membresía plena a la nacionalidad y a la ciudadanía de origen más allá de estar viviendo fuera de las fronteras del Estado.

En el caso de los paraguayos, se trata de una demanda que lleva más de quince años y que surgió durante la reforma de la Constitución de 1992, tras la caída de Stroessner, y ante cuya negativa se han desarrollado decenas de reclamos, otros tantos encuentros, confrontaciones y movilizaciones. Y se trata, al entender de las organizaciones de inmigrantes, de institucionalizar un puente entre los emigrados y el país de origen que suele recibir sus remesas, sus visitas y sus diversas producciones culturales. De hecho, se trata de una reivindicación que trasciende el derecho al voto y se ubica en el terreno de las relaciones y las responsabilidades de los Estados de origen respecto de sus nacionales.

El caso de los chilenos, incluso, adquiere más complejidad, dado que allí se debate no sólo la extensión del derecho al voto, sino también la posibilidad de la elección de algún representante desde el exterior como escaño efectivo dentro del Poder Legislativo: la que le correspondería a la circunscripción “Región XIV” de los Chilenos en el Exterior. Algún representante, como existe en otros lugares del mundo, que lleve al Congreso nacional chileno las demandas y las necesidades de los emigrados. En Brasil, país históricamente receptor de migraciones y que en las últimas décadas se ha convertido en expulsor de población, este debate ha sido promovido, desde la década del ’80 por las organizaciones de brasileños en Portugal. Se trata, al igual que en el resto de los casos señalados, también de la búsqueda de una garantía para que el Estado genere prácticas de protección sobre esos emigrantes. Protección que se enfrente a los malos tratos que se suelen recibir en las oficinas de migraciones, en la policía de cada país y, no está de más subrayar, en las embajadas y consulados de los mismos países expulsores de población.

Los bolivianos en Argentina, España, Brasil y Estados Unidos, por ende, han logrado algo más que el derecho al voto. Se trata de un logro, dado que ese derecho es el producto de luchas históricas por ser reconocidos en términos de igualdad de derechos por parte de la República de Bolivia. Y ese “algo más” evidencia una pelea por reducir, de algún modo, parte de la “deuda” que se les ha impuesto en tanto emigrantes. Se ha logrado, al menos, que el país de origen no pueda de-sentenderse de parte de su población, como sí lo ha hecho durante tantas décadas.

Ahora bien, dicho logro choca, una vez más, con el maltrato que los bolivianos recibieron durante las diez horas en que estuvieron funcionando las mesas electorales en la ciudad de Buenos Aires. Una sola puerta en la entrada del estadio de San Lorenzo de Almagro para que pasaran por allí más de treinta mil bolivianos, para que luego se distribuyeran entre 155 mesas parece poco más que un desatino por parte de la Corte Nacional Electoral boliviana, dado que implicó que miles de personas aguarden varias horas para poder votar. Cientos de ellos, y no exagero, desistieron después de vivir una (des)organización que parecía montada para disuadir a la gente y que se fuera sin ejercer el ansiado derecho.

Una señora que llevaba horas esperando y que se corrió de la kilométrica fila porque las corridas eran peligrosas para ella, me decía que quería “que no ocurriera nada malo y que nadie hiciera lío para no dejar mal parados a los bolivianos”. Y es entendible. Aunque era muy difícil que, tras horas de espera y tras corridas y falta de información, “no ocurriera nada malo”.

Si bien se podría creer que por suerte nada malo ocurrió, sería un error sostenerlo cuando la vergonzosa (des)organización logró que muchos del limitado 6 por ciento de la migración boliviana –que se estableció como tope para la participación en estas elecciones– tuvieran que irse de los lugares dispuestos para votar sin poder concluir el proceso de lucha que iniciaron hace muchos años y que cristalizó en el contundente apoyo a Evo Morales.

De alguna manera, la Corte Nacional Electoral de Bolivia volvió a cobrarles a los inmigrantes el precio de estar viviendo fuera de Bolivia. Y que aparentemente nada malo ocurriera tuvo que ver también con la aceptación de una violencia injustificable por parte de una parte del Estado de origen que poco interés tenía en que los migrantes dieran por finalizada una (falsa) deuda de la que no son responsables.

* Investigador-docente de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA

FUENTE:http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/136668-44032-2009-12-09.html

NUEVA INMIGRACION


Llegan al país un africano y un asiático por día


Son estimaciones de las asociaciones que nuclean a los extranjeros.


Aunque según el censo de 2001 la mayor parte del 4,2% de los extranjeros residentes en el país proviene de países limítrofes, la inmigración africana y asiática aumentó. Tanto que las asociaciones que los nuclean afirman que, en promedio, llegan un ciudadano asiático y africano por día.

"La inmigración africana aumentó en los últimos años, sobre todo después de la Caída del Muro de Berlín y ante una Europa que se puso más racista que nunca", señaló la investigadora Miriam Gomes de la Sociedad Caboverdeana a Clarín. Las cifras —según las entidades africanistas— dicen que son entre 5.000 y 10.000 africanos los residentes africanos. De acuerdo con estas mismas fuentes la nueva inmigración proviene de Senegal y Nigeria.

Abba Goudiaby (38) vive en Sarandí y es un ejemplo de este nuevo inmigrante argentino modelo siglo XXI. Hincha de River, casado con Zenagu y padre de Omar (6) y Asia (3) pinta autos y sueña con que su madre Mariana, de 92 años, pueda visitarlo. Ella, con sus cuatro hijos, quedaron en Casanos, a 500 kilómetros de Dakar. Pero la nueva inmigración no es estable. Los asiáticos —serían unos 50 mil— se quedan un tiempo y después siguen viaje a otro país. Desde Asia, la corriente inmigratoria de China tomó la posta de la coreana que mantenía la punta desde hace 40 años. La investigadora del Conicet Susana Novick, del Instituto Gino Germani de la UBA, señaló que "es un flujo que estaría creciendo como lo confirman los 9.096 chinos y 794 coreanos que completaron su documentación entre los 12.065 que lo hicieron hasta octubre de 2005; fue una moratoria para extranjeros extra Mercosur". Gabriela Mera del Centro de Estudios Coreanos de la UBA, en la Argentina viven más de 20 mil coreanos, luego de un pico de 36 mil registrado en 1986. Para Novick hay una explicación: "Los coreanos tenían como meta EE.UU., mientras que los chinos parecen venir dispuestos a invertir. En su mayoría llegan de una provincia pobre del sur chino que ya expulsó a 30 millones de personas", comentó.


La presencia de extranjeros oriundos de países africanos es muy visible en barrios porteños como Balvanera y Almagro, además del Gran Buenos Aires. También se han instalado en barrios de Rosario, donde en los últimos dos años han llegado decenas de inmigrantes africanos, como polizontes en barcos que amarraron en su puerto. También han llegado a refugiarse en puertos fluviales de Entre Ríos. Gomes señaló que "una característica de la inmigración de Africa, que en la Argentina es de la parte occidental, es que muchos vienen pero también se van; se renueva constantemente". Este fenómeno también aparece en los índices de Migraciones de los tres últimos años. Casi 4.000 inmigrantes africanos ingresaron al país y no se registró su egreso; la mayoría de Zambia, Senegal, Nigeria, Sudáfrica, Camerún y Costa de Marfil. "Están llegando todos los días", explicó Gomes, cuya comunidad recibe permanentes consultas y detectan que la mayoría llega a través de la frontera con Brasil. Según los investigadores hay "razones históricas y también sociopolíticas" para que los africanos elijan la Argentina. Además, el trámite de radicación no es tan complicado como en otros países. Por su parte, la investigadora Laura Bogado Bordazar, de la Universidad de La Plata, recordó que en el país viven más de 80 mil inmigrantes chinos. Esta colectividad es la más numerosa dentro del grupo asiático. Bogado Bordazar, del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales platense, explica que casi la cuarta parte de los llegados puso restaurantes y alrededor del 20% está en el negocio de los mercados y supermercados. Todo esto sin contar que hasta el año pasado, Migraciones estimaba que había en el país más de 16 mil chinos ilegales.


Sobre la creciente inmigración africana, Marta Maffia —investigadora del Conicet y de la Universidad de La Plata— coincide en explicar que "desde la década del '90 se observa una corriente inmigratoria que, aunque no numerosa, proviene de Nigeria, Senegal, Mauritania y Mali. LLegan expulsados por problemas políticos, económicos y sociales". Para Maffia, con la crisis del 2001 esta población disminuyó, pero siguen llegando africanos que empiezan a hacerse cada vez más visibles en todo el país, vinculados al comercio".