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Campaña de difusión e intercambio en La Matanza
Reforma Migratoria en los Estados Unidos
En las últimas
elecciones presidenciales, uno de los temas cruciales entre Barack Obama y Mitt
Romney fue el de la inmigración. En los Estados Unidos se encuentran más de 11
millones inmigrantes indocumentados; en los últimos años, la preocupación sobre
la seguridad de la frontera ha crecido porque hay mucha gente viviendo en el
país sin documentación apropiada. En su primer término como Presidente, el
señor Obama aumentó las patrullas-fronteriza drásticamente en la frontera
Mexicana, que dio lugar a la captura y deportación de inmigrantes
indocumentados.
Una de las reformas
migratorias más significativas en los últimos años en los Estados Unidos ha
sido el “DREAM Act”. El DREAM (Desarrollo, Alivio, y Educación para Menores
Extranjeros) Act era un proyecto de ley que daría residencia permanente a
inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos siendo menores y se han graduado
de una escuela secundaria en el país. Esta ley estaba dirigida para ayudar a
los inmigrantes jóvenes que han hecho una contribución positiva aunque no
tengan documentos legales. En el 2010, el proyecto de ley fue tomada en
consideración por el Congreso pero no pasó por el Senado después de que fue
aprobado por la Cámara
de los Representantes. Unos años después, en el 2012, una orden ejecutiva por
el Presidente Obama detuvo la deportación de inmigrantes jóvenes indocumentados
y ejecutó el Programa Acción Diferida para Llegadas Infantiles, DACA por sus
siglas en inglés.
Bajo este programa,
que entró en vigor el 15 de Agosto del 2012, son elegibles los inmigrantes
dentro de las edades de 15-31 quienes vinieron a los Estados Unidos antes de
cumplir los 16 años de edad y han vivido continuamente en el país por cinco
años antes del inicio del programa. Ellos también deben estar libres de
condenas y cargos penales, inscriptos en una escuela o que hayan completado la
educación secundaria o haber prestado servicio militar. Otro requisito es que
tienen que comprobar que han vivido en el país continuamente, lo cual puede ser
demostrado con recibos de impuestos, registro de vacunación, registros bancarios,
y registros de confirmaciones religiosas. Bajo este programa, ellos tendrán
estado de protección que se puede renovar cada dos años, pero no les dará un
estado legal automáticamente. Con este programa, se estima que 1.4 millones de
inmigrantes están en condiciones de obtener el estado de protección.
Entre los millones de
inmigrantes viviendo en los Estados Unidos, un porcentaje significativo se
compone por la comunidad latina. En las últimas elecciones, datos de las
encuestas demostraron que los latinos tuvieron un papel esencial en la
elección. Resultados mostraron que un 71% de latinos votaron por Obama, mientras
que sólo un 27% lo hizo por Mitt Romney. Junto con la influencia que los
Latinos tuvieron en las elecciones, una de las problemáticas que quieren que
sea discutida es una reforma migratoria. Aparte de la comunidad Latina, mucha
gente en el país cree que es necesario arreglar el sistema migratorio. Después
de que Obama ganó la elección, el presidente dejó claro que la reforma
migratoria será su prioridad en su segundo término.
En su discurso sobre
el Estado de la Unión ,
el Presidente Obama dijo, “la reforma verdadera significa establecer una vía
responsable para ganar la ciudadanía- una vía que incluye una verificación de
antecedentes, pagar impuestos y una multa significativa, aprender Inglés, e ir
al final de la fila detrás de las personas que intentan venir aquí legalmente.”
Pasó a añadir, “la reforma verdadera significa arreglar el sistema de
inmigración legal para reducir tiempos de espera y atraer a los empresarios
altamente calificados e ingenieros que ayudarán a crear empleos y hacer crecer
nuestra economía.” Desde el Estado de la Unión del Presidente, el Congreso se ha reunido
para elaborar un proyecto de reforma que podría ser firmado por Obama. En esta
reunión, los Republicanos dejaron claro que lo que hay que cumplir primero es
la seguridad fronteriza. Por otra parte, los Demócratas dijeron que el
establecimiento de una forma clara a la ciudadanía es uno de los principales
objetivos para incluir en el proyecto de ley.
Aparte del Congreso y
el Comité Judicial del Senado, un grupo de 8 Senadores bipartidista se formó el
mes pasado y se han reunido con el fin de desarrollar un proyecto de ley que
logra un camino a la ciudadanía, mientras que todavía contiene suficiente
seguridad en las fronteras y medidas de ejecución para obtener el apoyo
conservador. El mes pasado, introdujeron un plan bajo el cual los inmigrantes
indocumentados se registren con el gobierno, pasar una verificación de
antecedentes, pagar multas e impuestos, y completar otras medidas para
conseguir un estado de prueba para vivir y trabajar legalmente en los Estados
Unidos. Después, ellos estarán al final de la fila para conseguir su “Green
Card” (residencia permanente). Además, el plan incluye excepciones para los que
entraron cuando eran menores y trabajadores agrícolas que mantienen el
suministro de alimentos del país. Aunque este plan no ha sido propuesto
formalmente, es una estructura que algunas personas quisiera verla hecho en un
proyecto de ley formal.
Aunque el grupo
bipartidista se han reunido para formar un proyecto de ley, ellos podrán votar
en cualquier legislación que el Comité Judicial del Senado pueda crear en los
próximos meses. Sin embargo, si ellos no pueden actuar sobre un proyecto de ley
de reforma migratoria, el Presidente Obama está dispuesto a redactar su propio
plan de legislación. Es claro que la situación migratoria es uno de los temas
más importantes en los Estados Unidos, será muy interesante en ver el plan de
reforma que será presentado en los próximos meses. Aunque ambos lados tengan
perspectivas diferentes sobre cuál debería ser el enfoque, es evidente que
todos reconocen que un cambio es necesario para mejorar el sistema de migración
en los Estados Unidos.
*Voluntaria de
Fundación Ciudadanos del Mundo
Estudiante en
Northeastern University (Boston, MA)
4° Año,
estudiando Criminología y Relaciones Internacionales
La sonrisa de Patrick
Por: Luis Miguel Rivas
Patrick tiene 17 años y es un gusto verlo reírse. Sobre todo porque en los últimos días se ha reído poco. Ha tenido pocas razones para hacerlo: A sus 17 años vive solo en un país ajeno, en el que se habla un idioma distinto, se practican religiones diferentes a la suya y en el que la gente tiene otro color de piel. Patrick es africano, negro, y vive en Argentina. Tal vez ninguna de esas razones por si solas bastaría para robarle la alegría a un joven, en pleno siglo XXI, en un mundo globalizado y en un país que se ha hecho como nación gracias a su apertura hacia el mundo y al aporte de los inmigrantes. Pero en el caso de Patrick y de una gran cantidad de ciudadanos africanos que habitan el territorio argentino, esas circunstancias se han convertido en una especie de maldición. Su búsqueda de bienestar ha derivado en una especie de purgatorio.
Patrick no había reído en los últimos días porque tenía dolor, indignación, tristeza, rabia e impotencia. Hace veinte días la policía de la ciudad de Córdoba le confiscó, como en otras ocasiones, las mercancías que vendía en la calle (relojes, pulseras), su único capital en la vida, su único instrumento de supervivencia. Y se las confiscaron específicamente a él, que estaba al lado de otros vendedores callejeros que no eran negros. En esa ocasión Patrick se enojó y reaccionó con la indignación desesperada del que se sabe acorralado e impotente. La policía lo golpeó, lo encerró con adultos y se llevó su mercancía.
Y ahora yo lo veía sonreír, tres semanas después de la golpiza, cuando salía del Juzgado de menores número siete de la Provincia de Córdoba, acompañado de Manuel Aldaz, el presidente de la Fundación Ciudadanos del Mundo, quien había hecho diez horas en colectivo desde Buenos Aires a Córdoba, para acudir a denunciar el maltrato y la discriminación y a gestionar la recuperación de su mercancía.
Patrick reía por fin como un niño, como debería reír siempre, con esos dientes perfectos y gigantes. Y sentí que no reía sólo porque se denunciara a quienes le golpearon o porque se estuviera gestionando la recuperación de su mercadería (única tabla de salvación en el naufragio en tierra que sufren los africanos en Argentina), sino por otra razón más profunda, más importante y más sutil. Ahí, viéndolo caminar al lado de Manuel Aldaz, sonriente y casi saltarín, percibí que por primera vez en mucho tiempo Patrick sentía que no estaba sólo en el mundo, que vivir no era obligatoriamente una tragedia y que los países también estaban habitados por amigos, por hermanos, por personas dotadas de un corazón como el suyo.
Con esa sonrisa estaba borrando por unos segundos todo el dolor que han dejado en su pecho las voces tantas veces oídas en las calles de Córdoba: “mono”, “andante a tu país”. Y con esos pasos contentos y esos brinquitos de alegría estaba echándole tierra por un rato a esas burlas de adolescentes y niños (¿de quiénes serán hijos esos niños?) que a veces le susurran en la calle: “El cielo se está nublando”, “negro de mierda” y que permanecen serios, como si nadie hubiera dicho nada, cuando Patrick voltea la cara.
La sonrisa de Patrick esa tarde del juzgado era sincera, honda, espiritual, grande. Mucho más grande y noble que la que veo cuando imagino las muecas de mofa de los adolescentes (¿de quienes serán hijos esos niños?) o de los policías que salieron a tomarse una cerveza después de la golpiza.
El costo de ser inmigrante
Por Gerardo Halpern *
Pareciera que hasta el último de sus días y hasta en la más mínima práctica, el inmigrante deberá pagar una deuda que vaya uno a saber quién estableció que la tiene. En realidad, es posible determinar quién (o quiénes, en realidad) ha montado esta idea de deuda de la que el inmigrante es un portador que pareciera no poder saldarla nunca. Uno de los problemas está en que ese “quién” no es una persona –por más que haya personas que lo encarnen–, sino una multiplicidad de instituciones que atraviesan las formas en que se piensa o se administra a la inmigración. Y ojo, no se trata solamente de la mirada o la clasificación de un no migrante, sino también la mirada que se hace cuerpo en la visión de los mismos inmigrantes. Estos, al igual que lo piensa el poder, sienten que son portadores de una deuda. Y están convencidos de que la tienen que pagar. Pagar significa, en este plano, soportar un conjunto de situaciones que, en el caso de ocurrirle a cualquier hijo de vecino –no inmigrante, por cierto– indignaría a cualquiera. Pero como se trata de inmigrantes, pareciera que no está mal que así suceda.
El domingo último, los 89.953 bolivianos radicados en la Argentina que lograron sortear la enorme cantidad de obstáculos que les puso la Corte Nacional Electoral de Bolivia –contraria a Evo Morales, vale aclarar– (y que fueron denunciadas por diferentes organizaciones) tuvieron la posibilidad de ejercer, por primera vez en la historia de Bolivia, su derecho cívico en las elecciones nacionales del país que los vio nacer.
Se trata de un derecho que es motivo de discusiones en diversos lugares de América latina y que se ha constituido en motor de encuentros, polémicas, textos, libros, etc. alrededor, no sólo de esta región, sino también de otros tantos lugares del mundo donde el derecho al voto fuera del país de origen es parte de la agenda política. Agenda en la que los migrantes han irrumpido con la fuerza y convicción de que se trata de un derecho que expresa, entre tantas cuestiones, el reconocimiento por parte del país del cual han tenido que irse por múltiples causas.
Evidentemente, el reclamo de los mexicanos en Estados Unidos es el más influyente en esta materia, entre otras cosas, por la masividad y por el poder relativo de los migrantes mexicanos y sus organizaciones. Este derecho es un “parteaguas” entre politólogos mexicanos y ha merecido amplios debates que aún no logran completar o consensuar una decisión.
Mucho más acá, hace pocas semanas el electorado uruguayo votó en contra de que los que viven fuera de la República Oriental del Uruguay puedan ejercer su derecho al voto. Dicha decisión –sostenida a partir de un plebiscito– fue una derrota política y simbólica muy fuerte para las organizaciones de inmigrantes, quienes reclaman que se les reconozca una membresía plena a la nacionalidad y a la ciudadanía de origen más allá de estar viviendo fuera de las fronteras del Estado.
En el caso de los paraguayos, se trata de una demanda que lleva más de quince años y que surgió durante la reforma de la Constitución de 1992, tras la caída de Stroessner, y ante cuya negativa se han desarrollado decenas de reclamos, otros tantos encuentros, confrontaciones y movilizaciones. Y se trata, al entender de las organizaciones de inmigrantes, de institucionalizar un puente entre los emigrados y el país de origen que suele recibir sus remesas, sus visitas y sus diversas producciones culturales. De hecho, se trata de una reivindicación que trasciende el derecho al voto y se ubica en el terreno de las relaciones y las responsabilidades de los Estados de origen respecto de sus nacionales.
El caso de los chilenos, incluso, adquiere más complejidad, dado que allí se debate no sólo la extensión del derecho al voto, sino también la posibilidad de la elección de algún representante desde el exterior como escaño efectivo dentro del Poder Legislativo: la que le correspondería a la circunscripción “Región XIV” de los Chilenos en el Exterior. Algún representante, como existe en otros lugares del mundo, que lleve al Congreso nacional chileno las demandas y las necesidades de los emigrados. En Brasil, país históricamente receptor de migraciones y que en las últimas décadas se ha convertido en expulsor de población, este debate ha sido promovido, desde la década del ’80 por las organizaciones de brasileños en Portugal. Se trata, al igual que en el resto de los casos señalados, también de la búsqueda de una garantía para que el Estado genere prácticas de protección sobre esos emigrantes. Protección que se enfrente a los malos tratos que se suelen recibir en las oficinas de migraciones, en la policía de cada país y, no está de más subrayar, en las embajadas y consulados de los mismos países expulsores de población.
Los bolivianos en Argentina, España, Brasil y Estados Unidos, por ende, han logrado algo más que el derecho al voto. Se trata de un logro, dado que ese derecho es el producto de luchas históricas por ser reconocidos en términos de igualdad de derechos por parte de la República de Bolivia. Y ese “algo más” evidencia una pelea por reducir, de algún modo, parte de la “deuda” que se les ha impuesto en tanto emigrantes. Se ha logrado, al menos, que el país de origen no pueda de-sentenderse de parte de su población, como sí lo ha hecho durante tantas décadas.
Ahora bien, dicho logro choca, una vez más, con el maltrato que los bolivianos recibieron durante las diez horas en que estuvieron funcionando las mesas electorales en la ciudad de Buenos Aires. Una sola puerta en la entrada del estadio de San Lorenzo de Almagro para que pasaran por allí más de treinta mil bolivianos, para que luego se distribuyeran entre 155 mesas parece poco más que un desatino por parte de la Corte Nacional Electoral boliviana, dado que implicó que miles de personas aguarden varias horas para poder votar. Cientos de ellos, y no exagero, desistieron después de vivir una (des)organización que parecía montada para disuadir a la gente y que se fuera sin ejercer el ansiado derecho.
Una señora que llevaba horas esperando y que se corrió de la kilométrica fila porque las corridas eran peligrosas para ella, me decía que quería “que no ocurriera nada malo y que nadie hiciera lío para no dejar mal parados a los bolivianos”. Y es entendible. Aunque era muy difícil que, tras horas de espera y tras corridas y falta de información, “no ocurriera nada malo”.
Si bien se podría creer que por suerte nada malo ocurrió, sería un error sostenerlo cuando la vergonzosa (des)organización logró que muchos del limitado 6 por ciento de la migración boliviana –que se estableció como tope para la participación en estas elecciones– tuvieran que irse de los lugares dispuestos para votar sin poder concluir el proceso de lucha que iniciaron hace muchos años y que cristalizó en el contundente apoyo a Evo Morales.
De alguna manera, la Corte Nacional Electoral de Bolivia volvió a cobrarles a los inmigrantes el precio de estar viviendo fuera de Bolivia. Y que aparentemente nada malo ocurriera tuvo que ver también con la aceptación de una violencia injustificable por parte de una parte del Estado de origen que poco interés tenía en que los migrantes dieran por finalizada una (falsa) deuda de la que no son responsables.
* Investigador-docente de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA
FUENTE:http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/136668-44032-2009-12-09.html
Pareciera que hasta el último de sus días y hasta en la más mínima práctica, el inmigrante deberá pagar una deuda que vaya uno a saber quién estableció que la tiene. En realidad, es posible determinar quién (o quiénes, en realidad) ha montado esta idea de deuda de la que el inmigrante es un portador que pareciera no poder saldarla nunca. Uno de los problemas está en que ese “quién” no es una persona –por más que haya personas que lo encarnen–, sino una multiplicidad de instituciones que atraviesan las formas en que se piensa o se administra a la inmigración. Y ojo, no se trata solamente de la mirada o la clasificación de un no migrante, sino también la mirada que se hace cuerpo en la visión de los mismos inmigrantes. Estos, al igual que lo piensa el poder, sienten que son portadores de una deuda. Y están convencidos de que la tienen que pagar. Pagar significa, en este plano, soportar un conjunto de situaciones que, en el caso de ocurrirle a cualquier hijo de vecino –no inmigrante, por cierto– indignaría a cualquiera. Pero como se trata de inmigrantes, pareciera que no está mal que así suceda.
El domingo último, los 89.953 bolivianos radicados en la Argentina que lograron sortear la enorme cantidad de obstáculos que les puso la Corte Nacional Electoral de Bolivia –contraria a Evo Morales, vale aclarar– (y que fueron denunciadas por diferentes organizaciones) tuvieron la posibilidad de ejercer, por primera vez en la historia de Bolivia, su derecho cívico en las elecciones nacionales del país que los vio nacer.
Se trata de un derecho que es motivo de discusiones en diversos lugares de América latina y que se ha constituido en motor de encuentros, polémicas, textos, libros, etc. alrededor, no sólo de esta región, sino también de otros tantos lugares del mundo donde el derecho al voto fuera del país de origen es parte de la agenda política. Agenda en la que los migrantes han irrumpido con la fuerza y convicción de que se trata de un derecho que expresa, entre tantas cuestiones, el reconocimiento por parte del país del cual han tenido que irse por múltiples causas.
Evidentemente, el reclamo de los mexicanos en Estados Unidos es el más influyente en esta materia, entre otras cosas, por la masividad y por el poder relativo de los migrantes mexicanos y sus organizaciones. Este derecho es un “parteaguas” entre politólogos mexicanos y ha merecido amplios debates que aún no logran completar o consensuar una decisión.
Mucho más acá, hace pocas semanas el electorado uruguayo votó en contra de que los que viven fuera de la República Oriental del Uruguay puedan ejercer su derecho al voto. Dicha decisión –sostenida a partir de un plebiscito– fue una derrota política y simbólica muy fuerte para las organizaciones de inmigrantes, quienes reclaman que se les reconozca una membresía plena a la nacionalidad y a la ciudadanía de origen más allá de estar viviendo fuera de las fronteras del Estado.
En el caso de los paraguayos, se trata de una demanda que lleva más de quince años y que surgió durante la reforma de la Constitución de 1992, tras la caída de Stroessner, y ante cuya negativa se han desarrollado decenas de reclamos, otros tantos encuentros, confrontaciones y movilizaciones. Y se trata, al entender de las organizaciones de inmigrantes, de institucionalizar un puente entre los emigrados y el país de origen que suele recibir sus remesas, sus visitas y sus diversas producciones culturales. De hecho, se trata de una reivindicación que trasciende el derecho al voto y se ubica en el terreno de las relaciones y las responsabilidades de los Estados de origen respecto de sus nacionales.
El caso de los chilenos, incluso, adquiere más complejidad, dado que allí se debate no sólo la extensión del derecho al voto, sino también la posibilidad de la elección de algún representante desde el exterior como escaño efectivo dentro del Poder Legislativo: la que le correspondería a la circunscripción “Región XIV” de los Chilenos en el Exterior. Algún representante, como existe en otros lugares del mundo, que lleve al Congreso nacional chileno las demandas y las necesidades de los emigrados. En Brasil, país históricamente receptor de migraciones y que en las últimas décadas se ha convertido en expulsor de población, este debate ha sido promovido, desde la década del ’80 por las organizaciones de brasileños en Portugal. Se trata, al igual que en el resto de los casos señalados, también de la búsqueda de una garantía para que el Estado genere prácticas de protección sobre esos emigrantes. Protección que se enfrente a los malos tratos que se suelen recibir en las oficinas de migraciones, en la policía de cada país y, no está de más subrayar, en las embajadas y consulados de los mismos países expulsores de población.
Los bolivianos en Argentina, España, Brasil y Estados Unidos, por ende, han logrado algo más que el derecho al voto. Se trata de un logro, dado que ese derecho es el producto de luchas históricas por ser reconocidos en términos de igualdad de derechos por parte de la República de Bolivia. Y ese “algo más” evidencia una pelea por reducir, de algún modo, parte de la “deuda” que se les ha impuesto en tanto emigrantes. Se ha logrado, al menos, que el país de origen no pueda de-sentenderse de parte de su población, como sí lo ha hecho durante tantas décadas.
Ahora bien, dicho logro choca, una vez más, con el maltrato que los bolivianos recibieron durante las diez horas en que estuvieron funcionando las mesas electorales en la ciudad de Buenos Aires. Una sola puerta en la entrada del estadio de San Lorenzo de Almagro para que pasaran por allí más de treinta mil bolivianos, para que luego se distribuyeran entre 155 mesas parece poco más que un desatino por parte de la Corte Nacional Electoral boliviana, dado que implicó que miles de personas aguarden varias horas para poder votar. Cientos de ellos, y no exagero, desistieron después de vivir una (des)organización que parecía montada para disuadir a la gente y que se fuera sin ejercer el ansiado derecho.
Una señora que llevaba horas esperando y que se corrió de la kilométrica fila porque las corridas eran peligrosas para ella, me decía que quería “que no ocurriera nada malo y que nadie hiciera lío para no dejar mal parados a los bolivianos”. Y es entendible. Aunque era muy difícil que, tras horas de espera y tras corridas y falta de información, “no ocurriera nada malo”.
Si bien se podría creer que por suerte nada malo ocurrió, sería un error sostenerlo cuando la vergonzosa (des)organización logró que muchos del limitado 6 por ciento de la migración boliviana –que se estableció como tope para la participación en estas elecciones– tuvieran que irse de los lugares dispuestos para votar sin poder concluir el proceso de lucha que iniciaron hace muchos años y que cristalizó en el contundente apoyo a Evo Morales.
De alguna manera, la Corte Nacional Electoral de Bolivia volvió a cobrarles a los inmigrantes el precio de estar viviendo fuera de Bolivia. Y que aparentemente nada malo ocurriera tuvo que ver también con la aceptación de una violencia injustificable por parte de una parte del Estado de origen que poco interés tenía en que los migrantes dieran por finalizada una (falsa) deuda de la que no son responsables.
* Investigador-docente de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA
FUENTE:http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/136668-44032-2009-12-09.html
LA SUERTE QUE LES CABE A LOS INMIGRANTES
Los inmigrantes pueden obtener grandes beneficios de las oportunidades que ofrecen lugares con mejores perspectivas. Los recursos con que cuenta el migrante, es decir, su especialización, su dinero y sus redes, moldean las oportunidades mientras que algunas barreras las restringen. Las políticas y leyes que inciden en las decisiones de emigrar también lo hacen en el proceso y en las consecuencias del desplazamiento.
En general, y sobre todo entre los trabajadores menos calificados, las barreras limitan las alternativas disponibles y reducen los beneficios derivados de la migración.-
Las personas emigran motivadas por las perspectivas de mejorar su acceso a trabajo, educación, derechos civiles y políticos, seguridad y salud. La mayoría de los inmigrantes termina disfrutando de mejores condiciones- en algunos casos, muchos mejores- que las que tenían en el lugar de origen . Los beneficios son posiblemente mayores para quienes emigran desde países en desarrollo a países desarrollados, pero este tipo de emigración representa apenas una fracción del flujo migratorio total. Las pruebas indican que quienes emigran hacia países emergentes o en desarrollo , así como quienes lo hacen dentro de su país, también obtienen beneficios.
Quienes se ven forzados a emigrar y dejar atrás su hogar y pertenencias a menudo sobrellevan el proceso con poca libertad y muy pocos recursos. Asimismo, quienes emigran huyendo de crisis económicas, sequías u otras causas de pobreza extrema, pueden no saber qué capacidaddes tendrán; sólo saben que no pueden quedarse. Incluso los migrantes que consiguen una buena situación luego del traslado a menudo empiezan con un potencial muy limitado y gran incertidumbre.
Los resultados en desarrollo humano derivados de la migración dependen considerablemente de las condiciones del traslado, las cuales determinan los recursos y las capacidades que quedarán tras el cambio. Quienes consiguen la visa en una embajada, compran un boleto de avión y viajan a estudiar en el Reino Unido, pòr ejemplo, arriban a su destino en mejores condiciones que aquellos que son víctims de trata de personas, llegan sin papeles ni dinero y en condición de cautiverio. La distancia recorrida (tanto geográfica como culturual y social) también es importante. Viajar a un país cuyo idioma no se domina resta valor inmediatamente a los conocimientos y la especialización del inmigrante.
La condición de “inmigrante “como estigma
Reducir los procesos de discriminación y estigmatización al papel del Estado o a las prácticas discursivas de algunos grupos hegemónicos limita la comprensión de la problemática planteada. Si bien dichos procesos pueden ser impulsados funcionalmente por determinados grupos hegemónicos debe tenerse en cuenta que los mecanismos estigmatizantes no caen en el vacío, ya que pueden generar reacciones diversas entre los imputados; frente a ellos, los niveles de reconocimiento, admisión o rechazo de la identidad negativa (*) y posterior reivindicación sectorial suelen ser dispares.
En el caso de las clasificaciones peyorativas hechas por algunos sectores de la sociedad argentina con respecto a los “ inmigrantes limítrofes “, tienden a transformarse en categorías en la medida en que tales inmigrantes asumen las representaciones que tienen los miembros de dicha sociedad; es decir, cuando “el paraguayo”, “boliviano” o “chileno” empiezan a vivir el estigma de ser un inmigrante indeseable, en otras palabras, cuando asumen la condición de inmigrante como estigma.
El descrédito impone en ciertos casos la manipulación de la identidad en situaciones de ambigüedad. Las elecciones de identidades étnicas o nacionales pueden estar determinadas por criterios de ganancias o de pérdidas en términos prácticos o simbólicos, según determinada situación relacional. Como expresa Cardoso de Oliveira (1992:24) fenómenos con las fluctuaciones de identidad, así como también los mecanismos de identificación sean despojados de sus atributos circunstanciales y descubiertos en sus propias constitutivas.
En este sentido, resulta fundamental entender la identidad como un proceso bidimensional conformado por un nivel individual o personal, a través del cual los sujetos incorporan su membresía y la posibilidad de manipulación de esa membresía dentro o fuera de diversas situaciones relacionales, y un nivel social o colectivo, que permite mediante el aprendizaje (proceso de socialización) mostrarse de manera singular ante “el otro” que se opone (Berger y Luckmann, 1995) (**). Como hecho social, la identidad se pone en juego en comunidades de sujetos (conformación de un nosotros) que se constituye en un compromiso entramado de significados comunes a lo largo del tiempo sometido a variación. De este modo, el ser miembro de una comunidad cultural es la base para que surja la posibilidad de identificación (***) y de que el individuo consiga su propia afirmación.
(*)La identidad negativa es la suma de todas aquellas identificaciones y fragmentos de identidad que el individuo tiene que reprimir por resultar indeseables o irreconciliables; por esa identidad los individuos atípicos y las minorías marcadas son forzadas a sentirse diferentes. En el caso de crisis agravadas, un individuo ( o incluso un grupo) pueden perder la esperanza de poseer la habilidad de convertir esos elementos negativos en una unidad positiva (Erikson, 1970: 733).
(**) La identidad social surge como la actualización del proceso de identificación, e involucra la noción de grupo, particularmente la de grupo social. Sin embargo, la identificación social no se separa de la identificación personal, pues ésta de algún modo, es el reflejo de aquélla” (Cardoso de Oliveira 1992:22)(***) Cardoso de Oliveira (1992) es uno de los primeros en retomar los planteamientos que desde la psicología hace Erikson (1968), entre identidad e identificación, para el análisis de la identidad social en su expresión étnica, ya que considera fundamental la expresión de los mecanismos de identificación por reflejar la identidad en proceso, tal como la asumen los individuos y los grupos en diversas situaciones concretas
Fuente: Superando Barreras- Informe sobre Desarrollo Humano- 2009- PNUD-
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