Francia envió a sus países de origen, voluntariamente o por la fuerza, a 29.288 inmigrantes en situación irregular en 2009, de un total de 96.109 por no tener sus papeles en regla, según indicó el ministro de Inmigración, Eric Besson.
La "tasa de fracaso" en los procedimientos de expulsión "supera el 75%", destacó Besson ante la comisión legislativa de la Asamblea Nacional (cámara baja) donde defendió un proyecto de ley para agilizar esas operaciones administrativas.
"Nuestros esfuerzos de integración de la inmigración legal y de lucha contra la inmigración ilegal serán vanos si nuestros procedimientos de alejamiento de los extranjeros en situación irregular siguen siendo tan poco eficaces", afirmó el ministro.
Besson plantea la creación de una "zona de espera" para hacer frente a una llegada masiva de refugiados, con la proposición relativa a “la inmigración, integración y nacionalidad”; y amplía de 32 a 45 días el periodo máximo de retención de ciudadanos susceptibles de ser expulsados.
También se contempla la prohibición de que vuelvan a entrar en territorio francés, en un período de hasta cinco, años aquellos que hayan sido expulsados por falta de papeles.
El ministro también tiene intención de presentar enmiendas para facilitar las expulsiones incluso de ciudadanos de otros países de la Unión Europea que, según señaló no tienen en Francia "libertad de residencia sin límite".
Esto recuerda la polémica por las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros, ya que son más de 8.300 en lo que va del año, tras más de 9.000 en 2009.
Para tratar de esa delicada cuestión con las autoridades rumanas, Besson y el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, viajan este jueves a Bucarest, donde serán recibidos en particular por el primer ministro, Emil Boc, por el ministro del Interior, Vasile Blaga, y por el de Asuntos Exteriores, Teodor Baconschi.
Los miembros del Gobierno rumano se habían desplazado para discutir ese mismo asunto a finales de agosto a París, ante los que responsables del Ejecutivo francés no sólo justificaron las expulsiones -y su carácter voluntario-, sino que les reprocharon los escasos esfuerzos hechos para la integración de la comunidad gitana en Rumanía.
El proyecto de ley también incluye, una disposición decidida en las últimas semanas para retirar la nacionalidad francesa a los naturalizados hace menos de diez años que atenten contra la vida de policías, gendarmes o vigilantes de prisiones.
Por: Paola Giudice
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