Violencia contra migrantes senegaleses en La Plata


   
   En el día de ayer, miércoles 15 de agosto de 2012, un grupo compuesto por directivos y voluntarios de la Fundación Ciudadanos del Mundo, junto la Dra. Rosa Borda, de Abogados por la Justicia Social (AJUS) de La Plata, mantuvo una reunión con 20 inmigrantes senegaleses residentes en esta ciudad. El encuentro tuvo como objetivo tratar la difícil situación por la que se encuentran atravesando estos ciudadanos provenientes de Senegal ante el hostigamiento y la violencia ejercidos sobre ellos por parte de la Policía de La Plata y la Dirección de Control Urbano de la Municipalidad local. La gravedad de la situación es tal que estos inmigrantes africanos no pueden caminar tranquilos por la calle por temor a ser golpeados o a que representantes del poder público les quiten sus pertenencias sin ninguna justificación.
   Según el relato de los ciudadanos senegaleses, la Policía y Control Urbano trabajan de manera coordinada para sustraer los maletines donde trasladan la mercadería que comercian. Pero estas sustracciones no se realizan solamente en los puestos armados en la vía pública por los vendedores, sino que tienen lugar incluso cuando se encuentran caminando con sus pertenencias guardadas en maletines o mochilas. A su vez, en uno u otro caso, el procedimiento se realiza de manera totalmente irregular, sin entregar a los afectados las actas correspondientes por la supuesta infracción o bien entregando actas que no detallan lo sustraído, sino que simplemente indican que se ha quitado un maletín o una mochila.
   Tal accionar impide que, en cumplimiento de sus derechos como ciudadanos, estos vendedores puedan presentarse en la oficina correspondiente a pagar sus multas y recuperar sus pertenencias. En cada uno de estos casos, la mercadería no es devuelta, sin justificación alguna. Simplemente no son recibidos o les responden que sus pertenencias no están allí. A través de este procedimiento los senegaleses denuncian que ya les han quitado en total alrededor de 170 maletines.
    A estas irregularidades que podemos asociar directamente al robo, se suma que al momento de quitarles la mercadería, sea que se encuentren vendiendo o simplemente circulando, estos migrantes son violentamente golpeados e insultados. La presión y el hostigamiento llega hasta tal punto de impedir el ejercicio del compañerismos y la solidaridad, aquellos bares que permiten el ingreso de los vendedores a ofrecer su mercadería y algunos negocios que amablemente les permiten guardar sus pertenencias hasta el día siguiente, han sido advertidos que de continuar colaborando con los senegaleses serán multados.
   Entre los constantes hechos de este tipo que se vienen produciendo en La Plata se destaca lo ocurrido el pasado 22 de junio cuando miembros de Control Urbano golpearon a un senegalés de 17 años de edad en la intersección de las calles 7 y 48. Al día siguiente, el sábado 23, se produjeron varios hechos de violencia que involucraron a Control Urbano y una patota identificada como “Papupa” ante la pasividad de la policía.
   Ante estos hechos, los migrantes se movilizaron y solicitaron la ayuda a la Secretaría de Derechos Humanos de La Plata y el INADI, pero no sólo no recibieron una solución, sino que la situación se viene agravando.
   El problema de los vendedores senegaleses viene a sumarse a un conjunto de prácticas represivas hacia feriante de distintas nacionalidades que trabajan en la ciudad de La Plata. Desde la Fundación Ciudadanos del Mundo, en conjunto con la Agrupación Xangó y AJUS, ya nos hemos puesto en marcha para visibilizar estos problemas y buscar una solución de parte de los funcionarios responsables.



   Con una claridad que necesitaría más de un especialista en Derechos Humanos, uno de los ciudadanos africanos afectados nos expresó ayer “El primer derecho de una persona es a poder vivir y el derecho de una persona adulta es trabajar para poder vivir, es un derecho universal”. Hoy en La Plata, los senegaleses no sólo no pueden ejercer la venta ambulante, sino que ni siquiera pueden circular por la calle sin el temor de ser maltratados o robados con total impunidad por parte de representantes del Estado, violándose no sólo el derecho humano a trabajar, sino también la libertad de tránsito.

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